150 años de la Asociación Rural del Uruguay

Fundación de la Asociación Rural del Uruguay

Lograda la independencia en octubre de 1828, apenas el país se sintió libre del yugo extranjero, la población rural reaccionó vigorosamente estimulada por la acción de las autoridades nacionales. La Asamblea Constituyente dictó, en 1829 y 1830, diversas leyes destinadas a la reconstrucción y defensa de la riqueza pecuaria del país.  

El gobierno del General Rivera dio gran impulso a la organización de la campaña. La acción personal del eminente Ministro don Lucas Obes, dejó entonces huella profunda con la serie de decretos sobre policía rural, control y marca de cueros para evitar el abigeato, organización y documentación de las ventas de ganado en pie; denuncias de tierras; limitación de áreas de tierras denunciadas; fijación de poseedores y pequeños propietarios de haciendas; catastro nacional y estadística rural; marcas de ganado; inmigración y colonización rural y finalmente el decreto de montes de febrero de 1834 por el que se declaró el patronado de montes públicos y se fijaron premios para la fijación de montes artificiales y replantación de bosques naturales. 

Para 1836 las existencias ganaderas se estimaban 1:600.000 cabezas, no obstante de 14:900.000 has productivas permanecían 5:000.000 abandonadas y sin denunciar. Antes de mediar el siglo la estancia colonial había desaparecido y con ella se había ido extinguiendo la población inestable conformada por malevos y los gauchos nómades. 

La Guerra Grande determino la interrupción abrupta de este incipiente desarrollo. La movilización militar de buena parte de la población masculina la sustrajo de las tareas productivas, mientras los ejércitos consumían gran cantidad de reses; se incrementaron las arreadas rumbo a la frontera para  obtener dinero, armas y artículos para el consumo de los soldados; los cuatreros brasileños saqueaban ganado en las llamadas “californias”, el desamparo de los campos propició la multiplicación de perros cimarrones que contribuyeron a la matanza. Se estimó la pérdida en no menos de un 50% de las existencias previas a la guerra. La industria saladeril estaba en ruinas, la población mermada y dispersa, la propiedad de la tierra y los ganados desordenada por las confiscaciones que ambos gobiernos, el de la Defensa y el del Cerrito, practicaron en los bienes de sus respectivos adversarios.

La década de 1860 había comenzado bajo auspicios favorables con la tentativa de ordenamiento político y económico durante la presidencia de Bernardo P. Berro. No obstante los enconos incubados a partir de la batalla y posterior masacre de Quinteros en el levantamiento contra el gobierno de Gabriel Pereira y las propias inestabilidades y enfrentamientos tanto de la región como dentro de fronteras, sobre los que aún hoy existen interpretaciones encontradas al amparo de las tradicionales divisas,  fueron el marco para el movimiento revolucionario liderado por el Gral. Venancio Flores y la instalación de lo que se dio en llamar «Gobierno Provisorio» (1865 – 1868). A partir de entonces predominó una tendencia disgregadora que regionalizó al Uruguay bajo el mando de caudillos departamentales, separados por rivalidades diversas e incapaces de mantener el orden pacífico de la campaña. De ahí en más se reveló en sus características más crudas la impotencia del Estado todavía débil e inorgánico para garantizar al país un mínimo de seguridad interna.

Pocos días antes de terminar 1870 se desata una nueva conflagración entre blancos y colorados. El ejército de Timoteo Aparicio choca en los campos del Sauce con fuerzas del ejército nacional en lo que se dio en llamar la “Revolución de las lanzas”. Mil ciudadanos quedaron tendidos en el campo de batalla. 

Una vez más la guerra civil talaba la campaña y destruía las fuentes de la riqueza nacional; los hombres hábiles, arrancados al hogar y al trabajo, se hallaban incorporados a los ejércitos; la familia rural expulsada por la guerra buscaba refugio en los centros urbanos huyendo del saqueo y del pillaje; la mayor parte de las estancias y los predios se hallaban abandonados; se derrumbaban las poblaciones, se mezclaban y se perdían los rodeos, desaparecían las sementeras y se destruían las máquinas y útiles de labranza, la propiedad privada se confundía o esfumaba como en los primeros  tiempos del coloniaje;  en una palabra, la sociedad rural, detenida en su desarrollo progresivo y atacada en sus bases esenciales, regresaba a los tiempos primitivos en que indios, mamelucos y piratas eran señores del bosque y la pradera.

A dos meses de producida la invasión de Timoteo Aparicio, don Domingo Ordoñana en una larga carta dirigida a don Lucio Rodríguez le expresaba: “Que no tengamos ya una asociación rural, una representación legítima bastante poderosa para hacernos sentir en las regiones del poder, es una de las cosas que no se comprenden por su rareza” (Domingo Ordoñana, “Pensamientos rurales”). 

Como primera manifestación pública, el grupo iniciador dirigió a los hacendados que suponía receptivos una circular fechada el 1º de mayo de 1871, firmada por Juan Miguel Martínez y Lucio Rodríguez, en calidad de Presidente y Secretario de la Comisión Organizadora. En ella se establecía el objeto de la Asociación: “formar el gremio de todos los que se interesan en el progreso del país, proponiendo especialmente a inducir toda clase de mejoras en los ramos tan importantes de ganadería y agricultura”… Junto con la solicitud de inscripción se incluía un ejemplar del proyecto de Estatutos. En el curso de los meses siguientes, 157 estancieros remitieron su adhesión, manifestando su voluntad de constituirse en socios fundadores de la Asociación Rural del Uruguay, sumándose a los ocho iniciadores. De este total, 65 se hicieron presentes el día 3 de octubre de 1871 en los salones de la Bolsa de Comercio para proceder al acto inaugural, que comenzó con la lectura de la Memoria presentada por la Comisión. En parte de stas memorias, el documento lamentaba “que tantas fuerzas vitales del país se malgasten en luchas estériles entre hermanos, en vez de ocuparlas en labrar la prosperidad de la República”. Finalizaban esta memorias puntualizando “La Asociación Rural del Uruguay (…) necesita de la paz, porque sin ella no puede haber progreso; porque para mejorar nuestros ganados o fomentar la agricultura por medio de la inmigración laboriosa, es indispensable tener seguridad individual y seguridad en la propiedad; y la guerra, señores, es la negación del derecho de propiedad en la campaña”. 

Aquel 3 de octubre de 1871 señaló una fecha memorable en la historia del desarrollo de las fuerzas sociales y económicas del país. Con esa fundación fueron echadas las bases de una nueva organización de la sociedad rural e iniciada la obra de creación de disciplinas industriales desconocidas hasta entonces en la República a la vez del impulso a una nueva institucionalidad que hiciera posible el progreso económico y moral de toda la gran familia rural de nuestro país.

Ref. Bibliográficas:

  • Cincuentenario de los Registros Genealógicos  de la Asociación Rural del Uruguay – 1937, Montero Bustamante, Raul.
  • 125 Años de Historia, Asociación Rural del Uruguay – 1996, Mena Segarra, Enrique
  • Fecha de emisión: 03/10/2021
  • Código: 2021.18.C
  • Valor: $ 27 (pesos uruguayos)
  • Diseño gráfico: Mary Porto Casas (Armado: Lic. Gabriel Casas)
  • Tirada: 15.000 sellos
  • Plancha: compuesta por 8 sellos + 1 viñeta central
  • Tema: Celebraciones/Conmemorativo

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